Durante el periodo del año pasado, el Grupo Popular se hizo con 13 veces los datos del Gobierno al redactar las inactivas leyes discontinuas que hay en España en general y en determinadas provincias en particular. No recibió respuesta a las preguntas planteadas, sólo reflexiones generales que no contribuyen a eliminar las sombras de nadie en el mercado laboral en España ya que la reforma laboral impulsada es una fórmula contractual. La insistencia de los populares se produce después de que la vicepresidenta secundaria, Yolanda Díaz, se comprometiera hace un año y un mes con los datos reales de los contratos que, en febrero, suplantaron a un tercio de los indefinidos ejecutados. Se trata de una falta de transparencia que no sabe exactamente cómo se comporta el mercado laboral y cómo evoluciona el trabajo. Desde diciembre de 2022, Yolanda Díaz ha impugnado una pregunta parlamentaria del PP según la cual hay 443.000 puestos inactivos discontinuos no inmovilizados como parados, que nunca han conocido la pérdida de este empleo (los que están en activo y los que no, no lo están). . Una situación que preocupa a los economistas, que les lleva a exigir mucha más transparencia al Gobierno en materia de datos. El BCE, Banco de España, Fedea o BBVA y organismos comerciales han realizado la radiografía de esta obra estrella de los cambios laborales que entrarán en vigor en 2022, una norma que también se puede evaluar sin conocer la estadística completa. Un millón de aspirantes que tienen problemas con el gobierno para facilitar datos sobre la situación, actividad o sector, cuando los trabajadores se encuentran con un contrato de trabajo discontinuo, el estado de la función pública de la patronal permite conocer millones de trabajadores que han sido confirmados . La relación laboral es una modalidad que reporta el paso de un año a más de 2,3 millones de contratos. El contrato de los demandantes de empleo con la relación laboral se define por todos los trabajadores con contrato vigente que se encuentren inscritos en el paro para solicitar un puesto de trabajo. En febrero costó 1,2 millones, lo que supone multiplicar por cinco personas los casos que había el mismo mes de 2019, antes de la reforma laboral y la pandemia. Respetado un número de más de 30.000. Esta epístola incluye a los trabajadores que trabajan de forma intermitente en fase de inactividad y que buscan un puesto de trabajo complementario -que no está incluido en la lista de casos de 2,7 millones de dólares ya vinculados al servicio-, pero también a los empleados con la misma previsión afectados por un ERTE. , empleados que cobran prestación y personas en trabajos de colaboración social. Por todas estas condiciones, este es el camino que en su respuesta marca al gobierno como principal partido de oposición cuando exigió información y transparencia sobre decisiones discontinuas. Además de este argumento, en sus escritos del ejecutivo también figuraba: “En materia de contratos, los datos que este organismo conoce y registra los contratos celebrados entre empresas y trabajadores que los comunican, pero descubren la situación de empleo que los trabajadores pueden mantener su contrato de trabajo durante toda la duración de su contrato de trabajo.” Como habéis informado, este registro de todas las alarmas se ha adoptado por la forma que se refleja en la estadística del tipo de empleo que se crea, con el formulario de estabilización. Los negocios discontinuos no siempre están en actividad, registrando periodos de inactividad en algunos casos, pueden ser comarcados del beneficio por falta de empleo, pero no aparecen en las listas paro porque consideran a los ocupados demandantes de empleo. Por tanto, tengo una actividad ligada a la de los afiliados a la seguridad social y cuando esto no aparece como datos elevados, sino también como paradojas. Es el caso, por ejemplo, de una habitación de hotel en un hotel de Baleares o de un contrato con un chiringuito de playa. La fantasía del maquillaje El discurso fue cada vez más duro cada vez que el PP acusó al Gobierno de “maquillar” las cartas de paro e inflar los datos de empleo, hasta el mismo extremo que el Ministerio de Trabajo. El departamento que dirige Yolanda Díaz sabe que la estabilidad estadística de estos contratos es la misma desde 1985 y que ahora los contratos discontinuos no aparecen en las listas de paro antes, con el PP, también. La forma de estabilización es idéntica, pero se ha incrementado considerablemente con la reforma laboral; su relevancia es mucho mayor y es obligado clasificar la situación de estos trabajadores para realizar la fantasía del maquillaje, que al mismo tiempo proporcione confiabilidad a los resultados. “Los datos del paro registrado por el Servicio Público de Empleo Estatal en sus estadísticas de empleo se ajustan a los criterios establecidos en la orden ministerial de 11 de marzo de 1985 para que se establezcan los criterios estadísticos para la medición del paro registrado…» , argumentó en Ejecutivo en sus escritos al Congreso. La realidad es que reconocemos que los fideicomisos discontinuos inactivos se mantienen por encima de 440.000, como hizo el trabajo en la impugnación de una cuestión del PP en el Senado en diciembre de 2022, que dejó una subvención del paro registrada por la ‘encima de los tres millones.