La activación ante el mareo -diferente a los hidrocarburos, con regulación propia- que se produce en las costas españolas, como en las bolitas Estos días, que suceden en las playas de Galicia y Asturias, están regulados por el Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación del puerto deportivo, aprobado por el Real Decreto 1695/2012. Esta norma detalla cuatro situaciones emergentes, que tienen un vértigo en un solo municipio que afecta a varias comunidades autónomas. Durante esta ampliación de jornada, son las autoridades autonómicas quienes deciden si pasan de una fase a otra. Cuando la magnitud del verde sea mayor o más grave, la autonomía puede solicitar ayuda al Estado, a través del Ministerio de Transición Ecológica, que sólo puede actuar en el tercer nivel de alerta (llamado situación 2).
Ni la Xunta de Galicia ni el Principado de Asturias, las dos comunidades afectadas, han realizado ya esta intervención. Los ecologistas exigen que haya necesidad antes de informarse sobre las ayudas estatales, mientras el Ejecutivo gallego ha informado de estas lunas que no decretará el nivel 2 “hasta que no haya más información sobre la situación real en la zona contaminante”. El Principio, a cambio, expresó su “interés” en luchar contra los medios de seguimiento y eliminación de residuos que puede poner a disposición el Gobierno Central.
El decreto, aprobado hace 11 años, define lo que es un “éxito de contaminación marina”: “un hallazgo o serie de hallazgos del mismo original que supone la introducción directa o indirecta en el medio marino de sustancias o energía que causan o pueden causar nuevas (tales como beneficios para la salud humana, beneficios para los recursos humanos y los ecosistemas marinos o económicos, incluida la pérdida de biodiversidad) y “que requieren medidas de emergencia u otra respuesta inmediata”.
El Sistema Nacional de Respuesta contempla la subsistencia, el mar y la costa. El primero de ellos es competencia exclusiva del Estado, a cargo del Ministerio de Transición Ecológica. Mientras tanto, sobre el coste, se aplican los planes de protección locales como, luego, los planes territoriales autonómicos y, finalmente, el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación.
El decreto indica que cuando entre en fase de alerta deberá poner en marcha los medios y remedios necesarios. Y entra en fase de emergencia cuando “se produce una contaminación exitosa del puerto deportivo, la prevención y reducción de los daños derivados o que puedan derivarse del mismo orden requieren la movilización de los medios y remedios de uno o más aviones”.
¿Cómo entendemos quién debe ser actuario? Hay cuatro situaciones de emergencia, numeradas del 0 al 3. La situación 0 es en curso cuando la contaminación afecta de forma limitada a las costas del ayuntamiento, y es la propia entidad local la que la plantea en curso y la actuación. contrato. sobre el vértigo. La situación 1 se aplica cuando la contaminación afecta el borde costero correspondiente a varios municipios limítrofes; Es la comunidad autónoma la que lo activa y actúa contra el vértigo. Galicia y Asturias se encuentran ahora en esta fase.
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Sin embargo, será la propia comunidad la que deberá decidir si es necesario pasar a la situación 2, porque los medios disponibles en los aviones activados en la situación resultante anterior son insuficientes para combatir la contaminación, o cuando la zona afectada o el mar son especialmente vulnerables. Según el decreto, “en esta situación de surgimiento […] el órgano gestor del plan territorial puede solicitar al Ministerio de Fomento [ahora Transición Ecológica] el apoyo de los medios marítimos y, en este caso, la activación del Plan Marítimo Nacional”. Además, el ministerio debe poner sus recursos a disposición de la comunidad que busca.
Finalmente, la situación 3 se puede activar cuando la contaminación afecta o puede afectar a las costas de varias comunidades autónomas y sólo el Estado puede decidir hacerlo. “En los casos de emergencia declarada como situación 3, el uso de medios móviles con carácter previo a otros planes de gastos de subsistencia se realizará en el marco de actuación del Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la contaminación y siguiendo nuestros protocolos”.
Subir el nivel de alerta
La asociación ecologista Adega insistió este lunes en la frontera para elevar el nivel de emergencia en la situación 2 del plan anticontaminación de Camgal “para la intervención de los medios marítimos del Estado” ante “la zona del plástico”, declaró a Europa Press. Por eso, de esta manera, el Gobierno central puede traer buques y barras anticontaminación con el extremo del contenedor extendiendo la altura de los “pellets” antes de llegar más lejos a las costas.
“Por la naturaleza de estos materiales y su flotabilidad, esto redunda en un control más efectivo de su dispersión al mismo tiempo antes de su llegada a la costa y su depósito en las arenas y en los bancos marítimos”, afirmó. . “Será especialmente importante reforzar la protección en la zona acuática y en el entorno de los espacios naturales protegidos, zonas en las que la penetración de estos contaminantes y su persistencia a medio plazo podrían conllevar un mayor peligro ecológico”, añadió Adega.
Además, la entidad medioambiental solicitó una entrevista con los responsables de Medio y Mar en Galicia para conocer las actuaciones que se llevan a cabo en la ribera de la Xunta, porque reclama más transparencia en la información y en las consecuencias que el plástico aporta a los costes. También organizamos diversas jornadas de formación con voluntarios para coordinar los trabajos de limpieza y su intervención directa en el litoral afectado. Es fundamental establecer un protocolo de actuación y coordinación mínima de las labores de limpieza para no provocar daños importantes a los ecosistemas costeros. “La experiencia acumulada durante el desastre de Prestigio y las limpiezas anuales simultáneas de playas deben dar como resultado un trabajo voluntario más eficiente y seguro”.
“Son la Xunta, el Estado y, en última instancia, los ayuntamientos son los responsables de disponer de los medios precisos para hacer frente a esta emergencia ambiental”, cree Adega. “Las exigencias, por tanto, son más implicadas, medias, coordinadas y transparentes para que, por otro lado, la ciudad no sea capaz de afrontar sola la lucha contra esta nueva catástrofe”, explica.
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