una operación de estado falso

Durante muchos años, la independencia ha minimizado el impacto negativo del «proceso», en particular la importancia de la pérdida de las sedes corporativas. Las cifras no obstante son claras. Se estima que en el año y mes posterior al 1 de octubre de 2017 hay 2.000 empresas en Cataluña, cifra que aglutina las 8.934 empresas de noviembre del año, según datos facilitados por ABC por los Registradores de España. El saldo neto entre las empresas que venden Cataluña y las que ven es un claro indicador de la pérdida de Pujanza Económica de una comunidad autónoma donde los años del “proceso” se califican ya como la década perdida.

Es difícil valorar qué sectores son los más afectados, pero sabemos que el mercado se ha visto afectado. firmas de todos los tamaños: los ibex practican en el mercado abierto menos aún Grifols, y el único que retrocede frente a Agbar, pero también las Pymes, o incluso las pequeñas empresas, que optan por la diáspora en busca de estabilidad. Un sello que ahora se supone que volverá. Partidos constitucionales y organizaciones comerciales mediante el restablecimiento de la normalidad y la estabilidad institucional. Junts de la receta de incentivos y sanciones.

Un elemento determinante facilitó estas traducciones, el conocimiento como “Decreto Guindos (6 de octubre de 2017), dependiendo de si las empresas podían decidir su cambio sin pasar por la junta de accionistas. En cualquier caso, el independentismo aseguró que el decreto de la ciudad y la decisión de las empresas respondían en realidad a una operación del Estado, y que además pidieron al Rey que interviniera directamente al suponer que habían presionado a las empresas para que las hicieran funcionar.

El papel de las entidades bancarias, CaixaBank y Sabadell, tuvo la consecuencia decisiva, según este informe, en ocasiones a estas presiones y provocó un efecto de detención que levantó al resto de empresas a seguir su ejemplo. La explicación probablemente sea menos conspirativa, y ha sido explicada repetidamente, por estas entidades y por las grandes empresas catalanas que exigieron al gobierno la necesidad de aprobar un decreto que les autorice a caminar, como ocurre aquí.

La explicación precisa de los lineamientos máximos de las dos entidades bancarias en el Parlamento catalán En febrero de 2020, como parte de una comisión de investigación sobre la aplicación del artículo 155, que se opuso al reclamo independentista. Con datos concretos y citas demostramos la conspiración. Ninguna conspiración, sino un movimiento para salvar el comercio. “Los ahorros del pueblo son sagrados. Y hay ocasiones en las que hay que tomar decisiones difíciles en tiempos difíciles. Sí, eso dijimos”, declaró el presidente de la fundación bancaria La Caixa. Isidro Fainé.

La situación en estos días oscuros no es fácil de reconocer. Entre el referéndum del día 1 y el anuncio del traspaso de Caixabank a Valencia (7 de estos meses), la entidad perdió su fondo por valor de 7.000 millones de euros. Banco Sabadell, durante el mismo periodo, perdió 4.600 millones, o el 57% de sus principales clientes en Cataluña. “Tenemos amplificación líquida. Pero es un flujo de salida lo que nos hace hablar en el segundo semestre o corregimos el riesgo de crisis en un pánico bancario”, admitió entonces el presidente de Caixabank. Jordi Gualregistra una jornada en la que “la sensación era que no sabíamos si se estaba aplicando la ley”.

El mismo sentimiento que el presidente del Banco Sabadell, joseph oliu, para justificar una decisión -traducida en Alicante (5 de octubre)- que, dice, no es una política tan técnica. “Ninguna presión, ni del Gobierno ni de Corona”, declaró Oliu, que también abordó otro mito propagado por el secesionismo, el de una retirada coordinada de fondos de los bancos catalanes por parte de las empresas del Estado. “No sabemos qué hacer para decidir esto. Generalmente no, la salida del depósito es esencialmente privada”, dijeron Gual y Oliu.

La sesión del Parlamento de 2020 también se centró en que el “Decreto De Guindos” era una operación estatal contra Cataluña, cuando en realidad era una petición de las empresas catalanas. “Hablamos con el Gobierno, sí, como creo que hicieron otros”, reconoció Gual. El Banco Sabadell no necesita esperar el decreto de la Ciudad porque sus estatutos reconocen esta posibilidad, y como autoriza la reforma de 2015 de la Ley de Sociedades de Capital, impulsivamente, también, desde Cataluña.