Escrivá fía un ahorro de 19.600 millones en pensiones a retrasos de jubilación voluntarios

La reforma de pensiones aprobada por el Gobierno en dos fases, entre 2021 y 2023, deja serias dudas sobre el impacto financiero que pueden tener para el sistema en el medio y largo plazo a ojos de los expertos. Tildan la previsión de gasto expuesta por los técnicos de la Seguridad Social como «optimista» en términos de las variables macroeconómicas que determinarán el peso de la factura sobre el PIB.

«Se aprecia cierto optimismo en natalidad, migración, paro, etc. Puede ser, pero… ¿sobre qué base?», se cuestiona el abogado en Mercer y miembro de Ocopen, Antonio Méndez Baiges, en conversaciones con este medio expresando sus dudas sobre la proyección plasmada en el reciente informe publicado desde el gabinete dirigido por el ministro de Seguridad Social en funciones, José Luis Escrivá. Una sensación que comparte el investigador de Fedea y profesor de economía aplicada en la URJC, Miguel Ángel García, quien señala que las previsiones finales de gasto medio en los próximos treinta años del 12,4% se apoya en supuestos «muy débiles y difícil cumplimiento» de crecimiento económico, aumento de productividad y de ocupación, así como de reducción del paro.

Pero uno de los elementos que más dudas suscita es precisamente la clave de bóveda del ahorro previsto para el sistema tras la reforma. Pese a que el Ejecutivo reconoce que el paquete de medidas en su conjunto tiene como objeto principal lograr los ingresos necesarios para hacer frente al gasto, creciente en los próximos años por la jubilación del ‘baby boom’, también estima un ahorro en el medio plazo gracias a un retraso de la edad efectiva de jubilación de forma voluntaria por dos vías: la reducción de retiros anticipados con el endurecimiento de los coeficientes reductores y las mayores demoras por encima de la edad legal gracias a los nuevos incentivos por permanecer en el puesto de trabajo.

Concretamente, en las previsiones plasmadas, la Seguridad Social se llegaría a ahorrar hasta 1,4 puntos del PIB (año 2050) por estos retrasos voluntarios de la jubilación. En la actualidad, la edad efectiva se sitúa en los 65 años, mientras que esa progresiva alineación con la edad legal de retiro (67 años en 2027) llevaría a una reducción del gasto en pensiones por la dilación en el pago de esas prestaciones que ya sería de algo más de una décima del PIB en 2025, dos décimas en 2030 y casi un punto en 2040. Hasta llegar al ahorro equivalente a 19.600 millones de euros en 2050.

Más empleo sénior

Desde el gabinete de Escrivá apuntan a un incremento exponencial de la participación de los trabajadores de más edad para lograr los niveles de ahorro previstos en prestaciones. Así, la Seguridad Social contempla que con la combinación de incentivos la tasa de ocupación entre los 65 y 75 años se triplicaría en 2030, pasando del actual 7,6 al 22,6% y se cuadriplicaría en 2030 cuando la participación laboral de esta cohorte de población sería del 30,3%.

En este sentido, según las proyecciones oficiales serían cerca de medio millón de españoles los que para 2040 estaría jubilándose por encima de la edad legal de 67 años. «En las edades entre 65 y 75 años el fomento de la permanencia en el mercado laboral puede tener una mayor incidencia y producir el mayor desplazamiento de la edad real de jubilación», señalan los técnicos del ministerio apuntando que el escenario central resultaría en un incremento de la edad real de retiro de 1,6 años en la actualidad.

Aquí, el Gobierno confía en las respuestas recibidas sobre una encuesta realizada a cerca de los incentivos a retrasar la jubilación voluntariamente que arroja resultados en los que se aprecia de los trabajadores son sensibles a la oferta de demorar el retiro a cambio de una cuantía a tanto alzado. Advierte la Seguridad Social, no obstante, de que es necesario «hacer más atractiva para las empresas la contratación y mantenimiento» de los empleados sénior.