La asociación progresista Jueces para la Democracia (JJpD) aseguró que el Ministerio del Interior se responsabilizó y se responsabilizó de la actuación durante los acontecimientos de los menores marroquíes procedentes de Ceuta en agosto de 2021. “La defensa que, incluso tras la publicación de la Sentencia de “El Supremo, el Ministerio del Interior de las expulsiones sin garantías alega que los intereses superiores de estos niños no están sustentados ni éticamente ni legalmente”, y contrastan con los principios de la ley de protección integral de la niñez y la adolescencia rayando en la violencia, señala. Esta norma reconoce expresamente el derecho del niño o niña a ser protegido, que no sea objeto de violencia, porque se considera primordial su interés superior. Noticia Relacionada estandar No A juicio la vicepresidenta de Ceuta y la exdelegada del Gobierno por las expulsiones de menores en Marruecos Isabel Vega Frontan una petición de entre 12 y 15 años de inhabilitación absoluta para el transporte o empleo público Recuerda l’asociación progresiva como la sentencia de el Alto Tribunal “declara la ilegalidad e incumplimiento de los convenios internacionales” por parte de las autoridades españolas y plantea una pregunta sobre política exterior “basadas en la vía de hecho”. “Estos procesos que afectan la protección jurídica de la niñez tienen una regulación precisa y rigurosa, que puede resolverse a través del buen trabajo que los Estados deben a uno de los colectivos más vulnerables, especialmente cuando se encuentran en las zonas fronterizas, como es el establecimiento de la Convención. de los Derechos del Niño”, apunta. Principios fundamentales En este sentido, la asociación recoge que estas expulsiones “se hacen por la vía del hecho” y que estas asistencias menos escritas, sin informar a las delegaciones diplomáticas de los países de origen, sin informar a las empresas ni a los conocimientos, sin escuchar a las los más mínimos detalles sobre su situación y “sin discutir para que, en cada caso concreto, se protejan los mayores intereses del menor durante los viajes de repatriación”. En los tribunales, se le expone a los principios fundamentales de la protección internacional de la infancia, como la obligación de protección, así como a los principios fundamentales de los derechos humanos, que prohíben las expulsiones colectivas. Tras pronunciarse la sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegales estos delitos, siempre y cuando el puerto del Gobierno, Pilar Alegría, al igual que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguraron que la expulsión se produjo conforme al orden legal. Alegría defendió que las autoridades competentes “son siempre actuariales, coherentes, lógicamente, con la legalidad imperante y protegiendo en todo momento los intereses de los menores”. En la misma línea, y ante la Comisión de Interior, Grande-Marlaska insistió en contradecir al Supremo: “Estoy en el absoluto convencimiento de que les autoridades actuaron acorde al ordenamiento jurídico y al interés superior del menor”, y escuchó el hecho de 2007 Entre España y Marruecos sobre cooperación en el marco de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados. “La cuestión aparte es si un tribunal ha oído que los trámites deben hacerse de forma individualizada respecto de la ley del extranjero”, subrayó. Para la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS), el traslado de menores marroquíes de Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 fue ilegal y supuso un “incumplimiento absoluto” de los requisitos de la Ley de Extranjería.
Jueces para la Democracia tras el respaldo de Marlaska a los acontecimientos de Ceuta pesa en la caída del Supremo
