El grupo jurídico de la abogada Odila Helga Castillo Bonilla lanzó un firme pronunciamiento el martes 1 de octubre, desmintiendo las acusaciones que han circulado recientemente en varios medios de comunicación de Panamá.
La defensa consideró estas divulgaciones como agresiones intencionadas, impulsadas por intereses económicos específicos y concebidas con el propósito de perjudicar tanto la imagen profesional como la vida personal de Castillo.
La defensa de Castillo sostiene que carece de base y vulnera derechos
Carlos Carrillo, parte del equipo legal de Castillo, afirmó que las acusaciones no tienen sustento y tienen como objetivo entorpecer la trayectoria de la joven abogada y su socia. Indicó que tras estos ataques subyacen intereses económicos encubiertos que intentan aprovecharse del desprestigio de Castillo.
La defensa destacó que este no es el primer asalto mediático que sufre la abogada. Rememoraron un episodio similar que tuvo lugar en 2021, cuando un medio panameño divulgó información incorrecta sobre una supuesta detención de Castillo, noticia que fue rectificada posteriormente.
Información parcial y transgresión de la confidencialidad
De acuerdo con el equipo legal, tanto las acusaciones recientes como las de 2021 se fundamentan en «verdades a medias», alteradas con el fin de perjudicar el desempeño profesional de la abogada Odila Castillo. Asimismo, denunciaron que la información publicada infringe los principios de confidencialidad, dado que parte de la investigación proviene de un proceso familiar que ya ha sido finalizado.
Asimismo, se hicieron públicos datos delicados como registros migratorios y declaraciones fiscales, información que, según la defensa, fue adquirida de manera ilegal.
Monitoreo ilegal y procedimientos legales en marcha
La defensa dio a conocer que Castillo ha sido objeto de seguimiento a través de GPS, lo que constituye una evidente infracción a su privacidad y una forma de monitoreo ilegal. Carrillo aseguró que se han menoscabado los derechos fundamentales de su representada, los cuales están protegidos por la Constitución y las leyes de Panamá.
Anunció que se iniciarán todas las acciones legales requeridas para establecer la responsabilidad por los perjuicios ocasionados y aquellos que se busquen infligir. El grupo jurídico se presenta decidido en su objetivo de proteger a Castillo y presentar ante la justicia a los implicados en esta campaña de descredito.
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